domingo, 2 de marzo de 2008

Pescadores de Aysen exigen presidenta Bachelet destituir a funcionarios que han actuado a favor de industria del salmón

Pescadores de Aysen exigen presidenta Bachelet destituir a funcionarios que han actuado a favor de industria del salmón, por su responsabilidad en la propagación de virus ISA.

02-03-2008
Dicha ineficiencia tanto de Sernapesca como de la industria del salmón para detener la propagación de la denominada “crisis del ISA”, quedó constatada tras la propagación de la infección de norte a sur, pues siendo esta enfermedad detectada en julio pasado la Isla Butachauques, Golfo de Ancud, hoy se extiende desde la Isla Huar-en el seno del Relocanví- en la X Región, hasta el fiordo de Aysén.

Es por eso que el el llamado de los pescadores toma mayor fuerza por estos días cuando los efectos de la plaga del caligus, o “piojo de mar”, y del virus ISA ha generado en la empresa Marin Harvest, la mas grande que opera en la X región, una urgencia por acelerar el traslado de sus cultivos a la aguas de la Patagonia.

Sin embrago los pescadores señalan en la misiva, que esta crisis que hoy enfrenta el sector acuícola no les sorprende, ya que en el caso del Virus Isa, por ejemplo, este se ha propagado en gran medida por una actitud displicente de parte de estos funcionarios, la cual ha privilegiado reiteradamente a la industria en vez de hacer valer los roles de su cargo.

Julio Cantín, vocero de la AG de Aysén, declaró que ante los problemas que ha traído consigo la propagación del virus ISA en ambas regiones, y con ello los conflictos laborales que se han desatado al interior de este sector productivo, “es sumamente urgente que la presidenta cumpla con el compromiso asumido por ella en Puerto Montt, cuando era candidata, y decrete una moratoria a las concesiones acuícolas mientras no se regule la situación que se está viviendo en ambas regiones. Para evitar que en Aysen se repita lo que hoy pasa en la X”.

Además el dirigente expresó que es necesario que el Gobierno fiscalice como corresponde, pues asegura que “Si en la X región la fiscalización de Sernapesca es pobre, en Aysén, no existe”.

Armada en la Mira

Esa vista gorda por parte de organismos de estado, incluso compromete a funcionarios de la Armada. Así lo manifestaron los pescadores de Aysén, la semana pasada, al constatar que el Gobernador Marítimo de la región habría autorizado a la empresa Marin Harvest la construcción de los muertos, anclajes de cementos para la instalación de balsa jaulas, sin la previa realización de la declaración de Impacto Ambiental requeridas para tales construcciones.

Estas actividades han provocado una gran contaminación en distintas playas de la región, por la remoción de arena, el acopio de anclajes de cementos, y residuos de la misma construcción de dichas estructuras.

En esa oportunidad los pescadores dijeron, a través de un comunicado, que “la Ley de Bases del Medioambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) exigen que estas operaciones, llevadas a cabo en cuerpos de agua de mar, presenten una Declaración de Impacto Ambiental previa al inicio de operaciones”, sin embargo, de acuerdo a lo constatado por ellos el Gobernador Maritimo de Aysén habría autorizado provisoriamente la construcción sin el cumplimiento de las exigencias ambientales.

Fernando Siebald, asesor legal de la Fundación Pumalín, expreso en una entrevista a Ecoceanos News, publicada en 27 de febrero, que “la Autoridad Marítima tiene que tener en cuenta que a la hora de entregar permisos de uso de terrenos de playa que el gran porcentaje de la costa de Aysén está dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por parte del Estado, y que con el proceso de zonificación costera se han agregado otras zonas. Es por ello que estas actividades, en muchos casos, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un Estudio”.

Además el abogado aclaró que “en la Región de Aysén tenemos el proceso de zonificación costera, y en ese sentido hay muchas zonas que están con uso preferentemente turístico o uso preferentemente de conservación. En esos casos, se estima que las actividades que afectan el paisaje, según el Reglamento del SEIA, deben ingresar al sistema como Estudio de Impacto Ambiental, no como Declaración”.

Por eso los pescadores exigen a la presidenta a través de la misiva entregada el pasado 28 de febrero, “revisar y supervisar el comportamiento de sus funcionarios en las regiones intervenidas por la industria salmonera, que actúan con displicencia y tolerancia ante los denunciados daños al territorio marítimo, bajo jurisdicción naval, que está provocando esta industria, otorgando toda clase de facilidades para que en la región de Aysén” para que esta industria se traslade lo mas rápido posible a la Patagonia.

VIRUS ISA EN LA REGIÓN

El pasado 25 de febrero el Servicio Nacional de Pesca, a través de un informe actualizado, confirmó la presencia del Virus ISA en la XI Región, el cual afectaría solo al centro de cultivo Churrecue, perteneciente a la empresa Mainstream.

El pescador y dirigente de la zona austral expresó su preocupación ante ese hecho pues en este momento son 3.700 las concesiones solicitadas para el desarrollo de cultivos intensivos en esa región, y de acuerdo a los antecedentes con los que cuentan “los centros contaminados con el virus en la región son más altos que los informados por Sernapesca. Sabemos que son cuatro, pero eso lo daremos a conocer en el momento que podamos estar seguros que no correrán peligro quienes nos dieron esa información”.

En ese sentido Cartín expresa que “a diferencia de la X Región, en Aysén contamos con gran presencia de bancos naturales, y todos los centros están ubicados sobre estos bancos. El problema es que aun la autoridad no es capaz de hacer una definición clara de lo que es un banco natural, pero creemos que así como están sucediendo las cosas deben tener razones para no hacerlo”

Por otra parte los pescadores denuncian otra ilegalidad que se estaría cometiendo tanto en la X como en la XI región, puesto que en los centros contaminados, se estarían utilizando pesticidas y desinfectantes letales para la fauna marina como la Deltametrina y el Virkon. Ambos afectan el estado larvario de moluscos, peces y crustáceos.

Finalmente los pescadores llaman al gobierno y parlamentarios a cambiar su actitud frente a esta industria, y advierten que recurrirán a instancias judiciales nacionales e internacionales, de ser necesario, si el ejecutivo, en el breve plazo, no adopta medidas administrativas que apunten a regularizar el funcionamiento de esta industria que ha basado su crecimiento en el silencio y ceguera de los servicios públicos, especialmente de Sernapesca.


Fuente:
Conapach.cl

Pampa Irigoin, 1969: claves de una masacre

Puerto Montt en 1969 vivía un fuerte crecimiento demográfico. Producto del terremoto del 22 de mayo de 1960 llegaron de las zonas rurales gente que se habían visto afectado de alguna que otra manera por este fenómeno natural, si a nivel nacional el crecimiento poblacional era de 3,4% en el caso de esta ciudad llego al 9,2% lo que hizo aumentar su población en un 50 %. Todo esto, sumado ha la perdida de varias familias puertomontinas de sus hogares por el sismo y la imposibilidad de muchos para retornar al mismo lugar a edificar por razones de seguridad por ejemplo por encontrarse en ladera de cerro llevo al inicio de tomas de terrenos que eran una respuesta de la población a la incapacidad de las autoridades locales y estatales para brindar solución a sus necesidades habitacionales.

Fuera de control

La Pampa Irigoin era un terreno baldío ubicado en el sector alto de Puerto Montt. No era útil para la faena agrícola, eran pantanosos y húmedos de muy mala calidad solo algunos animales de la feria de Osorno pastaban por aquellos días. En 1968 se produjo una toma en el sector por un grupo de 70 pobladores que formaron un comité de los sin casa apoyados por el diputado socialista Luís Espinoza Villalobos. Esta gente de zonas rurales que habían vivido un proceso de proletarización acelerada dejando sus hábitos campesinos y entrando a todos los códigos de la vida urbana tenían una condición laboral precaria (obreros de la construcción, en vialidad, carpinteros, feriantes, vendedores de leña o simples cesantes), que con sus familias arrendaban o vivían allegados en poblaciones marginales de la ciudad.

A pesar de los conflictos con carabineros en diciembre de 1968 los ocupantes le fueron concedidos terrenos que comenzaron a pagar en una cuota de un 10% de su valor real. Sin embargo pronto llegaron 150 individuos más a ocupar terrenos y el 4 de marzo de 1969 esta situación se desbordo con el arribo de otros 400 lo que agudizo la tensión con las autoridades locales.


Un mal plan

Desde que se produjo la ocupación de la Pampa Irigoin carabineros de la quinta comisaría iban constantemente a la población demandando el abandono del lugar. En octubre de ese año se produjo un enfrentamiento que se saldo con tres pobladores heridos a bala y 25 carabineros lesionados.

Cuando en la mañana del domingo 9 de marzo de 1969 por orden del ministerio de interior ejecutada por el Intendente ( S) de la Provincia de Llanquihue Jorge Pérez Sanchez carabineros a partir de las 7 A.M con 200 efectivos inicio el desalojo ingenuamente pensando que ha estos pobladores se los encontraría dormido, pero con un sistema de alarma implementado por los lugareños pronto se detecto la presencia de los uniformados.

La mala decisión de las autoridades centrales para enviar a una fuerza de choque, que ya había tenido roces con los pobladores genera la tragedia. Mientras los carabineros destruyen las precarias construcciones prendiéndole incluso fuego, avanzando a pie y a caballo apuntando con sus carabinas y metralletas a los pobladores, estos con palos y piedras responden a su presencia. Los uniformados sintiéndose sobrepasados disparan balas y gases lacrimógenos lo que con lleva a una hora de enfrentamiento con el trágico saldo de 10 muertos y 50 heridos. Muchas de las victimas que recibieron el balazo por la espalda eran personas que estaban mirando los enfrentamientos o recién estaban levantándose, incluso un bebe murió por efecto de los gases.

La indiferencia de la autoridad

Toda esta situación pudo a verse resulto por una acción más decidida del gobierno de la época por encontrar solución al apremiante problema habitacional que azotada a Puerto Montt. La modernización acelerada de la ciudad encontró autoridades incapaces de hacer las reformas necesarias para asimilar a la nueva población a la urbe. Esta incapacidad es claro en el caso de Pampa Irigoin. El propietario Rociel Irigoin Oyarzún, agricultor, comerciante, masón y bombero, nunca presento una demanda judicial contra los ocupantes, lo único que hizo fue dejar una constancia de los hechos en carabineros. Es más por aquellos días estaban avanzadas las conversaciones con el Ministerio de vivienda para la venta del predio para la construcción de una población CORVI como también regularizar sus impagas contribuciones fiscales.

Esto demuestra que existían objetivamente los caminos para resolver el tema de los terrenos de la Pampa Irigoin, pero prepondero la violencia estatal, signo del fracaso de un gobierno y las autoridades locales que no supieron responder a los ajustes necesarios que requería el proceso de trasformación de esta urbe que entraba a la era de la modernización donde la cultura de masas reinaría.

Wladimir Soto Cárcamo (Antropólogo, Magíster en ciencias sociales)

Fuente:
Rebelion.org, El laboratorio del neoliberalismo
Wladimir Soto Cárcamo
Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=63901

sábado, 1 de marzo de 2008

En medio de acusaciones, renuncia directora de Sernatur

El Llanquihue
Sábado 1 de marzo de 2008

Informe preliminar de Contraloría establece que la ex-directora debe devolver 18 millones de pesos a la entidad.

Dejó su cargo en medio de la polémica. Fue acusada de abandonar su misión en medio de una temporada estival bastante ajetreada. Pero no es todo.

Javiera Ulloa Aguilera, de profesión periodista, renunció a la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo tras confirmarse el reclamo de parte de funcionarios que la acusaron, por segunda vez, de malos tratos.

En una carta enviada a Oscar Santelices, director nacional de la entidad, Ulloa asegura que su salida se debe a "motivos personales y para asumir nuevos desafíos profesionales".

La salida de Ulloa se confirmó luego de ser visitada por la subdirectora de regiones del servicio, Javiera Montes, quien le habría solicitado que dejara su cargo a disposición.

Esto coincidió con una denuncia contra Ulloa por parte de los trabajadores.

Los funcionarios de la Dirección Regional enviaron una carta a la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Sernatur, Natacha Zamorano, en la que solicitan la presencia de un representante del gremio.

En la misiva, los funcionarios acusan su "profundo malestar por el incómodo y desagradable ambiente laboral que cotidianamente debemos soportar... en nuestra labor".

Los funcionarios aseguran que "desde hace bastante tiempo hemos sido víctimas del trato discriminatorio, abusivo y totalmente despótico que ha caracterizado el actuar de la directora regional, lo cual ya habíamos informado, trato que nunca antes se había dado en esta dirección regional".

MALOS TRATOS

Aunque los funcionarios no acceden públicamente a referirse al contenido de la carta, en privado confirmaron los mismos dichos en contra de la directora regional del organismo de Turismo.

Los problemas al interior de la dirección regional de Sernatur no son nuevos. Durante el mes de enero del año 2007 trabajadores enviaron también una misiva comunicando la misma situación.

Javiera del Carmen Ulloa Aguilera es periodista de la Universidad de Concepción. Luego obtuvo la beca Presidente de la República, lo que le permitió doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid. Su participación en la campaña electoral del senador Camilo Escalona le permitió ser nombrada como directora regional de Sernatur.

Tras varios intentos, la periodista se negó a hablar de las razones de su salida de Sernatur, limitándose a enviar una copia de la renuncia que presentó al servicio.